Además, en los últimos meses, fueron emitidas medidas cautelares contra las resoluciones administrativas de 2024 con alcance para las provincias de Mendoza, Tucumán, Salta, Córdoba y Buenos Aires y CABA.
Medida que alcanza a todos los afiliados del país
El reclamo de la APDH tiene un alcance nacional, ya que el juez de Mendoza, según doctrina de la Corte Suprema y los lineamientos del artículo 43 de la Constitución Nacional, reconoció la legitimación activa del organismo de derechos humanos como organización con alcance nacional para defender derechos colectivos.
Por lo tanto, accedió al pedido de los abogados Mabel Sessa y Carlos Vicente para extender los efectos a la totalidad del país. El fundamento de la medida radica en que las resoluciones suspendidas “vulneran el derecho humano a la salud, de jerarquía constitucional, especialmente en el caso de las personas mayores”, que merecen una “protección especial e integral”
Con este precedente judicial, “se refuerza la idea de que los derechos adquiridos son resultado de conquistas sociales, de la lucha común y la acción colectiva y la movilización, y que cualquier intento de cercenarlos encontrará espacios de resistencia que le habrán de poner un límite efectivo”, dijeron desde la APDH.
